La Fiscalía sostiene que el día 21 de noviembre de 2014 la acusada, de común acuerdo con un individuo de nacionalidad marroquí en situación irregular en España y declarado en rebeldía, se presentó en el Registro de Uniones de Hecho del Principado de Asturias y ambos solicitaron formalmente su inscripción como pareja en dicho registro.

Para ello, la acusada presentó la documentación requerida, consistente en volante de empadronamiento de ambos, fe de vida y estado, certificado de convivencia de ambos expedido por el Ayuntamiento de Grado y declaración responsable de ambos de que no estaban inscritos como pareja de hecho en ningún registro. Tras los trámites precisos, el 17 de diciembre de 2014 se dictó resolución por la que se acordaba inscribir la unión de hecho formada por la acusada y su pareja ficticia en el registro de Uniones de Hecho del Principado de Asturias.

La acusada, que previamente se había empadronado en el domicilio donde residía el ciudadano de origen marroquí en Grado, nunca llegó a convivir con él, nunca estuvo en esa vivienda ni siquiera de visita y tampoco mantuvieron relación sentimental alguna, siendo el motivo de solicitar dicha inscripción la de ayudarle para que pudiera regularizar su situación en España, obteniendo el permiso de residencia y de trabajo en nuestro país. Finalmente, una vez descubiertos los hechos, la unión de hecho se declaró extinguida en marzo de 2015.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de falsificación en documento oficial del Código Penal, y solicita que se condene a la acusada a un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 7 meses con una cuota de 8 euros diarios (1.680 euros), con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.